PERE RÍOS - Barcelona - 13/04/2008
La repetición de un caso Mari Luz, en el que un delincuente pueda reincidir ante la pasividad de la justicia y la descoordinación de las administraciones, es un hecho que no descarta nadie que conozca cómo funcionan los tribunales en España. Sin embargo, unos juzgados tienen más números que otros para que se produzca esa situación.
Uno de ésos es el Juzgado de Instrucción número 4 de Badalona, que acumula decenas de denuncias sin que la juez titular, María del Pilar Martín Abella, haya iniciado su tramitación. En otros casos ha tardado meses en mirarse las diligencias y cuando lo ha hecho ha sido para inhibirse o acordar un trámite sin trascendencia. Esta pasividad ha provocado en algunos casos la prescripción del supuesto delito.
Quien ha denunciado la situación no es un abogado resentido por alguna decisión de la juez, sino otro juez, Gregorio María Callejo, que se declara hastiado de lo que está ocurriendo. Por eso ha enviado un escrito muy crítico al presidente de la Audiencia de Barcelona, José Luis Barrera, en el que expone lo que califica de "casos absolutamente escandalosos" y de "puro peloteo" entre juzgados.
Éstos son algunos de esos asuntos, a los que ha tenido acceso EL PAÍS.
- Un abuelo sospechoso. M. A. N. es un hombre de 65 años que está procesado y pendiente de juicio por supuestos abusos sexuales contra su nieta, de cinco años. El 21 de marzo de 2007 la fiscalía le denunció por agresiones físicas y vejaciones contra otro nieto, avaladas por un informe médico. El caso fue a parar al Juzgado número 4, que tardó 10 meses en abrir diligencias previas y adoptar la primera decisión: pedir a los Mossos d'Esquadra que averiguasen el domicilio del abuelo. A los dos días ya tenía respuesta. El pasado 28 de marzo, la juez se inhibió argumentando que no se sabía en qué fecha habían ocurrido los hechos y lo envió al Juzgado número 1, porque fue el que en su día tramitó la denuncia por los abusos.
El juez Callejo se ha quedado el caso y ya ha acordado que declaren el abuelo, los padres del niño y la profesora que tenía, y que el forense reconozca al menor. El juez dice en su auto que la Ley de Enjuiciamiento Criminal no ampara el cambio de juzgado, porque la supuesta agresión sexual y el maltrato físico son dos hechos sin ninguna analogía y han de ser dos asuntos distintos. También advierte de que se trata de una "argumentación arbitraria" de la juez y de que no es la primera vez que recibe un asunto de la compañera "con un retraso escandaloso", lo que comunica a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
- Una agresión de 70 euros. El 25 de diciembre de 2006 entró en el Juzgado número 4 un atestado de los Mossos d'Esquadra en el que una mujer denunciaba que su hijo, menor de edad, había sufrido cuatro días antes una paliza de unos skins que le pretendían arrancar unas insignias anarquistas. La policía identificó al autor, pero no lo localizó. La primera actuación de la juez fue al cabo de 14 meses, el 19 de febrero de 2008, para ordenar una diligencia sin importancia: la tasación del teléfono móvil del agresor, que éste perdió en la trifulca y la víctima recogió. Se valoró en 70 euros y la juez decidió que era una falta; como su juzgado no celebra estos juicios, se inhibió el 10 de marzo. El juez Callejo ha abierto diligencias previas, cree que puede existir un delito de robo con violencia y censura "la absoluta ligereza" de la colega.
- Denuncia prescrita. El 19 de noviembre de 2004 entró en el Juzgado de Instrucción número 4 de Badalona la denuncia de una mujer porque su marido había quebrantado una orden de alejamiento. Cuando la juez Martín Abella llegó a su actual destino, hace poco más de 16 meses, el asunto llevaba dos años paralizado, pero ella tampoco hizo prácticamente nada, al margen de solicitar los antecedentes del denunciado. El pasado 2 de abril envió el caso al juez Callejo: ya había prescrito.
- Como la falsa moneda. Éste es un ejemplo de la más absoluta desidia judicial. El Juzgado de Violencia Doméstica de Badalona recibió el pasado 25 de enero un asunto procedente de Barcelona que databa de febrero de 2007. La juez se inhibió en favor del de Instrucción número 4 el 14 de febrero. Una semana después, éste se lo devuelve, y el 13 de marzo, ella se lo quita de encima y lo vuelve a enviar al juzgado de donde vino. El 18 de marzo, el de Instrucción número 4 se lo devuelve de nuevo, "sólo que parece que se equivocan de destinatario y me lo envían a mí", dice el juez Gregorio María Callejo. "Es decir, más de cinco resoluciones de puro peloteo del asunto", concluye.
- 48 devoluciones de golpe."Todos estos ejemplos no son sino la punta del iceberg de una masiva devolución de asuntos y de una masiva presentación de cuestiones de competencia", dice el juez. El 5 de marzo de 2008, por ejemplo, la juez Martín Abella le devolvió 48 asuntos que le había enviado porque eran denuncias o partes de lesiones fechados cuando ella estaba de guardia. Ésas son las normas de reparto en los juzgados de Badalona y las que aplicó el juez Callejo, quien explica la diferencia entre el verbo remitir, al que alude la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y recibir, al tiempo que recuerda que el criterio es el mismo que aplica la juez cuando entran los asuntos estando ella de guardia.
- Tres años después. Un detenido con antecedentes denunció en mayo de 2007 dos "brutales palizas" de la policía. La juez estuvo 10 meses sin tocar el asunto, hasta que decidió inhibirse en favor del Juzgado número 1, porque cuando supuestamente pasaron los hechos era el que estaba de guardia. El juez Callejo ha asumido el asunto ante lo "escandaloso" de la actuación judicial. Explica que el hombre tardó más de dos años en denunciar, pero cree que merece un respeto y que la justicia no puede dar carpetazo al asunto sin hacer nada.
"Graves retrasos" sin ninguna consecuencia
El Consejo General del Poder Judicial inspeccionó los juzgados de instrucción de Badalona el pasado mes de noviembre. En el número 4 detectó "graves retrasos en la tramitación de los procedimientos penales, en la ejecución penal y civil, deficiencias en el registro y en el enjuiciamiento de las faltas y en la tramitación de las ejecutorias". Pero no adoptó ninguna medida disciplinaria, sino que el pasado mes de marzo envió un informe a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que preside Maria Eugenia Alegret.
Una portavoz oficial explicó que ese organismo "tiene abierto un expediente gubernativo del juzgado desde diciembre de 2005", porque en aquella fecha el juzgado "empezaba a sufrir una situación de saturación". El año pasado registró 6.698 asuntos penales y 1.229 de violencia doméstica. Tiene pendientes 2.122 casos, según las cifras oficiales.
En estos tres años, según la portavoz oficial, la sala de gobierno ha adoptado 23 acuerdos con relación a ese juzgado. Pero tampoco se refirió a ninguna medida disciplinaria o a que se haya iniciado una investigación.
Tras el duro escrito del juez Callejo, lo que sí ha hecho la sala de gobierno es pedir un nuevo informe a la decana de Badalona y a la juez afectada, y "aprobar un nuevo plan de urgencia" que comportaría la creación de un "juzgado bis". Ahora falta que lo apruebe el Poder Judicial y que se ponga en marcha. La portavoz también explicó que desde abril de 2006 el juzgado tiene "un plan de refuerzo". En la práctica, son dos funcionarios más asignados al servicio de tramitación, según detalla el Departamento de Justicia, y un juez de instrucción de Barcelona. "Va de vez en cuando, abre una de las muchas cajas que hay llenas de denuncias y hace lo que puede", explican fuentes judiciales que conocen al detalle lo que implica ese "plan".
Sorprende, además, que estando el juzgado tan colapsado, sea la propia juez afectada la que se haya ofrecido sin éxito a la propia Sala de Gobierno del TSJC para reforzar ella otros juzgados... y cobrar así el sueldo extra que le correspondería, tal como permite un reglamento que en su día aprobó el Poder Judicial con el beneplácito del ministerio. La magistrada ha declinado realizar cualquier comentario para EL PAÍS
