Martes, 02-09-08
La proximidad del 11 de septiembre, «Diada nacional» de Cataluña, ha convertido el debate sobre la nueva financiación en una «cuestión de país». De ahí que las declaraciones de quienes integran el denominado frente común catalán, cuyo objetivo es cumplir estrictamente las previsiones del Estatuto sobre financiación, mantengan el tono de enfrentamiento y se hable de «intimidación», «prepotencia» o «deslealtad».
La mayoría de los partidos catalanes aprovecharon ayer la reunión de sus respectivas ejecutivas para marcar estrategias en este terreno, aunque sin una propuesta concreta del ministro de Economía, Pedro Solbes -que previsiblemente defraudará las expectativas del presidente José Montilla-, los dirigentes políticos sólo pueden recurrir a la presión con los Presupuestos Generales del Estado como principal arma arrojadiza.
El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Ridao, propuso «seguir intimidando» al Gobierno con la posibilidad de votar en contra de las cuentas de 2009. Para ello, dijo el dirigente republicano, es fundamental la posición del PSC, cuyos 25 diputados en el Congreso son decisivos. «Si continúan intimidando con un voto en contra a los Presupuestos, todo esto que ganamos, porque no hay nada más letal que Madrid vea que la unidad catalana es una cosa efímera», dijo Ridao.
La beligerancia de Castells
Unidad política, que no social, porque, según admitía ayer Ridao, los republicanos han desistido de convencer a la sociedad civil de salir a la calle el 11 de septiembre para reclamar una mejora de la financiación, por lo que optan ahora por convocar un acto unitario que se celebraría antes de fin de mes.
Tanto ERC como CiU, reclaman al presidente Montilla que pase de las palabras a los hechos, y confirme de una vez cuál será el voto del PSC en los Presupuestos si, finalmente, el PSOE insiste en pasar por alto la bilateralidad y el trato especial que Cataluña reclama. Los nacionalistas confían en que el consejero de Economía, Antoni Castells, contagie su beligerancia a sus compañeros de filas. Castells vinculó de nuevo Presupuestos y financiación al reiterar que no puede concebir unas cuentas del Estado contrarias a los intereses de Cataluña. Asimismo, agradeció al presidente José Luis Rodríguez Zapatero que reconozca el derecho de los catalanes a mejorar su financiación porque quizá «donde ha habido declaraciones muy subidas de tono, si se ve que el presidente del Gobierno marca un camino de reconocer razones a Cataluña, eso contribuya a bajar los ánimos de algunos que niegan el pan y la sal a Cataluña».
Abandonar la ambigüedad
El presidente de CiU, Artur Mas, propuso utilizar «a fondo» los Presupuestos en respuesta a un incumplimiento, el del Estatuto, que supone «una profunda deslealtad». Tras celebrar las palabras de Castells, Mas invitó al PSC a «abandonar la ambigüedad y decir claramente que se desmarcará de los Presupuestos si no hay una buena financiación. Sin los 25 diputados del PSC, el PSOE no tiene nada que hacer, haga lo que haga el PNV».
Mas cree necesario que, de forma urgente, desde Cataluña se haga una propuesta de financiación. Y si ésta se hace «antes del 11 de septiembre, mejor». Por ello, el líder convergente propuso a Montilla la convocatoria de una cumbre que permita visualizar esa postura común. Desde hace días, el Gobierno tripartito y CiU trabajan en la elaboración de un documento donde persisten diferencias de criterio respecto al peso que la cesta de impuestos, muy vulnerable a los efectos de la crisis económica, debe tener en la reforma, ya que Castells prefiere reclamar más recursos por vía de transferencia.
El consejero de Interior, Joan Saura (ICV) tildó al vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, de «prepotente» por las tesis que defendió la semana pasada en el Congreso, y auguró una «crisis institucional fuerte» si no hay acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación. En declaraciones a TV3, Saura defendió su pacto con la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para eximir al presidente Zapatero de dar explicaciones en el Parlamento a cambio de la comparecencia de Solbes, porque aportó «claridad» respecto a la posición del Ejecutivo.
En relación a este acuerdo, la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, pedirá en el Senado la comparecencia de De la Vega porque su acuerdo con ICV se hizo «por la puerta de atrás». Según la dirigente popular, «Saura está incapacitado para negociar de forma unilateral con el Gobierno» y su actuación demuestra que Montilla «no controla a sus socios de Gobierno». El PP también presentará una solicitud de comparecencia parlamentaria del presidente catalán para que informe de su actuación en la negociación sobre la financiación. En su opinión, Presupuestos y financiación no deben vincularse, pues «en una época de crisis, Zapatero está obligado a hacer las dos cosas bien».
