Margarita Robles, magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y hasta el pasado diciembre vocal del Consejo General del Poder Judicial(CGPJ), ha remitido un correo a la asociación progresista Jueces para la Democracia, a la que pertenece, para reivindicar la opción de los ocho magistrados que, afrontando todo tipo de críticas, se opusieron en su día al archivo de la causa por el caso Banca catalana, pidiendo la imputación del que fue su vicepresidente ejecutivo, Jordi Pujol, y emitiendo voto particular en tal sentido. El texto del correo dice así:
"La declaración hecha estos días por Jordi Pujol sobre unos hechos que, con independencia de la relevancia penal que en su caso pudieran tener, evidencian claramente una conducta insolidaria hacia la ciudadanía y un engaño sin paliativos hacia la misma, me traen a la memoria el procedimiento seguido en su día ante la Audiencia Territorial de Barcelona, de la que yo era entonces parte integrante como Magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona.
Parece que en este caso se ha hecho realidad aquello de que el tiempo pone las cosas en su sitio y por eso creo que es imprescindible reivindicar ahora el gran trabajo hecho por los fiscales Carlos Jiménez Villarejo yJose María Mena, que fueron ferozmente criticados por la detalladísima querella que presentaron respecto a las actuaciones desarrolladas en Banca Catalana.
Y es también el momento de hacer autocrítica y reconocer los errores que pueden cometer en ocasiones los tribunales de Justicia. Solo ocho magistrados/as de los componentes del Pleno formulamos entonces Voto particular, entendiendo que procedía el procesamiento de Jordi Pujol por hechos que treinta años después se han manifestado en los términos en que lo ha hecho. También por ello fuimos objeto de grandes críticas por lo que algunos consideraron ataques a Catalunya.
Parece que en este caso se ha hecho realidad aquello de que el tiempo pone las cosas en su sitio
Esperemos que los años transcurridos y los errores que hay que lamentar no impidan las respuestas políticas, sociales y judiciales que en aquel entonces no supimos o pudimos abordar, y que a lo mejor hubieran impedido conductas que tuvieron lugar y que todos rechazamos. Margarita Robles".
La instrucción del sumario del caso Banca Catalana –intervenida por el Banco de España en noviembre de 1982- se dio por concluida en mayo de 1986, con cerca de 65.000 folios de documentación. Un mes después, los fiscales Mena y Villarejo pidieron el procesamiento de los 18 exconsejeros del banco, entre ellos Pujol, por presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad en documento público y mercantil y maquinación para alterar el precio de las cosas.
Sin embargo, en noviembre de 1986, el pleno de la Audiencia de Barcelona rechazó el procesamiento al estimar que no había indicios racionales de criminalidad en la actuación del que ya desde mayo de 1980 era presidente de la Generalitat de Cataluña: 33 magistrados votaron en contra de procesar a Pujol, mientras 8 se pronunciaron a favor. La instrucción del caso continuó para el resto de acusados, pero en marzo de 1990 la misma Audiencia decretó el sobreseimiento definitivo, no obstante considerar que "se pudo llevar a cabo una gestión imprudente e incluso desastrosa".