lunes, 10 de noviembre de 2008

Los municipios catalanes reactivan la batalla legal por la tasa de los teléfonos móviles

Nuevo capítulo en la batalla que libran los ayuntamientos y las operadoras por las tasas a la telefonía móvil. Con los municipios en plena búsqueda de recursos por la severa crisis económica, la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)ha dado la razón al Ayuntamiento de El Prat (Barcelona), ante el recurso interpuesto por Telefónica Móviles por el tributo que grava un 1,5% de los ingresos brutos obtenidos por la operadora en la localidad. La compañía ha presentado ya un recurso contra esta sentencia ante el Tribunal Supremo.

Por primera vez, un juzgado ha avalado las tesis de la Diputación de Barcelona, que representa legalmente a dos centenares de municipios en sus litigios contra las firmas del sector. La corporación impulsó en 2006 una ordenanza tipo para aplicar la tasa a los operadores por uso del dominio público local, tal y como ocurre con las redes eléctricas o los vados de aparcamiento.

El tributo se ha extendido en la mayoría de municipios de la provincia y también a cerca de medio millar de otros consistorios españoles con el apoyo de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), incluido el de Madrid, que hasta ahora se había convertido en un bastión a favor de los operadores. El negocio móvil facturó en España 14.770 millones en 2007, por lo que si esta tasa se generalizase podría llegar a recaudar, teóricamente, hasta 220 millones anuales.

Ahora, el TSJC ha considerado que Telefónica Móviles hace un uso de las líneas telefónicas pese a no tener una red propia y que, por ello, el tributo que le reclama el consistorio es legal.

Aplicación general de la tasa
La aplicación de esta doctrina ha producido mucha preocupación en el Ministerio de Industria –que es absolutamente contrario a aplicar esta tasa a los operadores móviles– desde que en 2005 los ayuntamientos iniciaron su estrategia para aplicar esta tasa a las operadoras móviles a pesar de que están expresamente excluidas de su pago por la Ley de Haciendas Locales.

Según fuentes jurídicas consultadas por EXPANSIÓN, la extrapolación de este argumento permitiría aplicar la tasa del 1,5% a todas las empresas de la Sociedad de la Información, especialmente a aquellas que realizan actividades de comercio electrónico –aerolíneas, banca, distribución, etc– ya que también utilizan las redes fijas.

El máximo tribunal catalán rechaza el argumento de Telefónica Móviles de que no hace uso del dominio público y tampoco considera adecuado el rechazo de la operadora al método de cálculo, basado en una fórmula matemática que estima los ingresos en cada municipio usando la penetración del móvil en la zona y las cuotas de mercado. La sentencia considera que la aplicación de la tasa en función de los parámetros utilizados "es coherente y correcta", y apunta que "sería inconstitucional" su gratuidad para las compañías de telefonía móvil.

Por otro lado, Telecom Italia, participada por Telefónica, confirmó todos sus objetivos para este año a pesar de que los ingresos del tercer trimestre –7.561 millones– cayeron un 1,5%, y el ebitda, de 3.087 millones, descendió un 1,3%. El mejor dato es la mejora del margen, hasta el 40,8%.

Hasta 130 litigios por la suspensión cautelar de las liquidaciones
En los últimos años, con la pujanza de la telefonía móvil, los ayuntamientos han visto descender su recaudación por la tasa que grava el uso del suelo que hacen las compañías de telefonía fija.

Esto ha llevado a un creciente número de administraciones locales –afectadas ahora por la caída de ingresos vinculados a la actividad inmobiliaria– a poner el foco en la telefonía móvil, que durante los últimos años ha mantenido un crecimiento constante en su cifra de negocio.

Los operadores, Telefónica Móviles, Vodafone y Orange, se opusieron al tributo desde el primer momento y han llevado a varios ayuntamientos a los tribunales. Hasta ahora, diferentes sentencias judiciales certifican que, efectivamente, la telefonía móvil utiliza las redes fijas y que, por lo tanto, están sujetas al tributo por la utilización del espacio público local.

Fuentes de la Diputación señalan que existe doctrina del Tribunal Supremo al respecto en las sentencias que resolvieron el litigio mantenido en su día con las distribuidoras eléctricas, que acabaron ganando los abogados de los ayuntamientos.

En cualquier caso, los operadores de telefonía móvil han rechazado por ahora hacer frente a las liquidaciones del nuevo impuesto municipal, a la espera que se resuelva el conflicto en un sentido o en otro.

Las citadas fuentes de la Diputación señalan que las operadoras de telefonía móvil han emprendido más 130 acciones en los juzgados de lo contencioso administrativo de Cataluña para pedir medidas cautelares: suspender las decisiones de los gobiernos municipales de desestimar el recurso contra la liquidación de la tasa. Algunos juzgados han dado la razón a los pequeños ayuntamientos de la provincia de Barcelona y han rechazado las medidas cautelares.

La crisis industrial suma 5.575 despidos y 6.945 suspensiones de empleo este año

Los sectores más afectados por cierres o expedientes de regulación de empleo son el automóvil y el textil. Los expertos en relaciones laborales creen que la situación irá a peor en los próximos meses.

La industria catalana se enfrenta a la destrucción de un mínimo de 5.575 empleos en los diez primeros meses del año. Esta cifra es la suma de los principales expedientes de regulación de empleo (ERE) anunciados y las reestructuraciones pactadas hasta el pasado viernes recogidas por EXPANSIÓN Catalunya.

A las rescisiones de contratos se suman los ERE temporales por la caída de la producción, que es cuando la empresa pide a los trabajadores que se queden en casa durante un periodo de tiempo y les paga un 70% del sueldo. En total, se contabilizan 6.945 empleos afectados por suspensiones temporales. En su conjunto, la suma de los despidos y los ERE temporales perjudica a 11.720 personas.

La cifra de afectados por la crisis es mucho mayor porque hay despidos pactados que no trascienden. De hecho, los datos del Departament de Treball entre enero y septiembre recogen un total de 5.190 personas incluidas en EREs de rescisión y 370 expedientes.

Estas cifras no incorporan los despidos anunciados por Nissan –que todavía no ha presentado el ERE–, Pirelli, Torraspapel o T-Systems. Este último expediente se ha presentado en el Ministerio de Trabajo porque afecta centros fuera de Catalunya. Si se contabilizaran estos despidos, la cifra de afectados aumenta hasta los 7.620 trabajadores.

Automoción y textil
Los sectores más castigados son la automoción, por la caída de las ventas de coches, y el textil, aunque ningún sector es inmune a la reestructuración. Entre enero y octubre, las ventas de coches cayeron un 23% en España.

Los sindicatos han dado la señal de alarma. El secretario general de la Federación del Metal de CCOO, Vicenç Rocosa, califica la situación de estado de "emergencia" al producirse cada día una media de uno o dos anuncios de ERE. Desde los sindicatos advierten de que, al tratarse de una crisis global, los países están implantando medidas proteccionistas con sus industrias, de manera que las multinacionales extranjeras afincadas en España aseguran antes la producción en sus países de origen y reestructuran en el extranjero. "Renault se preocupa más de la situación en Francia; Nissan de Japón y Volkswagen de Alemania", dice Rocosa.

Los expertos en relaciones laborales explican que la destrucción de empleo este año irá a peor, porque muchas empresas estudian recortar las plantillas ante la caída de la demanda y están consultando con bufetes de abogados especializados. La semana pasada, los sindicatos CCOO y UGT, con el apoyo de Usoc, convocaron una manifestación masiva en Barcelona en defensa del empleo en la industria. Desde el mundo sindical se ha denunciado la pasividad del Govern ante la crisis.
"Estamos ante un tsunami y tenemos que vigilar para que no se lleve todo el tejido industrial de Catalunya", sentencia Rocosa.

Las reacciones a la decisión del CAC no se hacen esperar

El Consejo Audiovisual de Cataluña, dependiente del Gobierno tripartito de la Generalitat de Cataluña, ha arrebatado a la Cadena COPE dos de sus frecuencias en esa Comunidad Autónoma. Concretamente la frecuencia modulada de Lérida capital (99.7 FM) y la frecuencia modulada de Gerona capital (97.4 FM), adjudicándoselas a otros dos operadores. Con esta decisión, el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) consigue una de sus obsesiones, reducir la voz y la presencia de la Cadena COPE en Cataluña, al menos en las provincias de Lérida y Gerona.

En el momento en el que esta decisión se aplique 15 personas que en la actualidad trabajan en dichas emisoras verán como sus puestos de trabajo se ponen en peligro, con el riesgo de verse irremediablemente en la calle. La decisión del CAC se ha tomado después de que el Gobierno Central haya aprobado el Plan Nacional de Radiodifusión de FM que, en lo que se refiere a Cataluña, ha oficializado el Plan Piloto presentado por la Generalitat, un Plan Piloto que se puso en marcha por parte del Gobierno de la Generalitat hace seis años. En aquel momento todos los grandes operadores radiofónicos que emiten en toda España empezaron sus emisiones en las frecuencias disponibles. La Cadena COPE, como el resto de sus competidores, se presentó a los diferentes concursos que asignaban las frecuencias ofertadas.

Ahora que se han resuelto dichos concursos, el CAC ha decidido silenciar la voz de la Cadena COPE en parte de Cataluña y ha asignado estas dos frecuencias utilizadas por COPE a otros dos operadores de la competencia. Ya hace 10 años el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, bajo la presidencia de Jordi Pujol, intentó acallar también nuestra voz. Su decisión fue recurrida por la Cadena COPE ante el Tribunal Supremo. Hace dos años el Tribunal Supremo dio la razón a la Cadena COPE. La Cadena COPE interpondrá de nuevo los recursos necesarios para impedir que se vea reducida su voz y su presencia en las provincias de Lérida y Gerona.

Entrevista a Alfonso Coronel de Palma, presidente de COPE, en La Linterna

Coronel de Palma ha explicado que "no estamos ante un concurso libre de frecuencias" sino "ante una serie de emisoras que ya estaban siendo ocupadas y utilizadas de acuerdo con un plan piloto establecido por el propio CAC". Un plan que se había cumplido "sin ningún problema". Por lo tanto se "despoja",  ha dicho, a la Cadena COPE de estas dos emisoras".  El CAC, de esta manera,  "va en contra de sus propios actos". El problema mas grave, ha dicho, "es que hablamos del cierre de emisoras y por supuesto del detrimento de las personas que trabajan en ellas, que es otro derecho gravísimo".

El hecho más grave, ha afirmado, es la cuestión de la "libertad de expresión".  Una libertad, que "no existe", ha dicho, sino "tolera a aquellos que son críticos, que discrepan y que no asumen y alaban al poder". Estaremos entonces, ha afirmado el presidente de COPE,  "en un régimen de naturaleza autoritaria, donde se simula una libertad de expresión". Ya no existe "disimulo alguno en vetar y violar un artículo tan importante como es el 20 de nuestra Constitución". Cuando estos derechos "son violados impunemente, hay que empezar a preocuparse gravemente". Y esto es lo que ha pasado "la voz indiscutiblemente crítica de COPE, es silenciada".  

Coronel de Palma, ha querido terminar agradeciendo a los oyentes de COPE los mensajes de apoyo recibidos desde que se conociera la noticia.  Por último, ha concluído recordando un poema, erróneamente atribuído a Bertolt Brecht y que pertenece a un pastor protestante, Martin Niemoeller: "Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar".

Comunicado de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España en el que condena la retirada de dos emisoras de COPE y tres de Punto Radio en Cataluña

El nuevo mapa radiofónico catalán niega licencias a los medios que, desde los valores constitucionales, denuncian los abusos del nacionalismo. La Federación de Asociaciones de Profesionales de Radio y Televisión de España quiere expresar su más enérgica condena a la decisión arbitraria del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) que ha arrebatado dos vitales frecuencias a la Cadena COPE, enmudeciendo su voz en Lérida y en Gerona capital, así como otras tres a Punto Radio en las localidades de Vic-Tavèrnoles, Puigcerdà-Tossa d'Alp y Vielha-Baqueira.

Con esta decisión, el CAC, un órgano adscrito a la Generalitat presidida por el socialista José Montilla, con miembros elegidos por el Parlamento autonómico, disfrazada de decisión independiente lo que no es más que una venganza contra aquellos medios de comunicación que no se someten servilmente a los intereses de los partidos políticos que forman el gobierno catalán.

La FAPRTV, en su calidad de órgano independiente que defiende los intereses de los profesionales de la radio y televisión, se ve obligada a denunciar este tipo de actuaciones sectarias que atentan contra la libertad de expresión de las cadenas de radio cuyo único objetivo es servir a la información veraz y plural que le demandan sus oyentes.

Los profesionales de la radio y la televisión tenemos que condenar y lamentar que el nuevo mapa radiofónico de Cataluña se haya diseñado otorgando licencias únicamente a aquellos medios que mantienen una línea editorial considerada adecuada por la Generalitat y enmudeciendo a aquellos que, desde los valores y los derechos que les otorga la Constitución, denuncian los abusos del nacionalismo y critican las actuaciones que consideran ilícitas por parte de los representantes públicos elegidos por los ciudadanos.

Entrevista a Jordi Casoliva, director de la Cadena COPE en Cataluña

El director de la Cadena COPE en Cataluña, Jordi Caroliva, en declaraciones a La Tarde con Cristina ha informado de que el CAC ha atacado contra la línea de facturación social y económica de la Cadena "de forma irrefutable". En este sentido, ha asegurado que el reparto de frecuencias no se ha realizado como en el resto de Comunidades sino que en el año 2002 la Generalitat "se inventa un plan" para dar emisoras a sus compromisos.

Son numerosas las personalidades que han hecho llegar su apoyo a esta red de emisoras

-El periodistas Hermann Tertsch ha enviado un comunicado a la COPE que reza así: "Estimados compañeros de la Cadena COPE. Tan sólo unas líneas para expresar mi solidaridad con todos vosotros ante el atropello del que habéis sido objeto -como también lo ha sido Vocento- por parte de ese organismo el CAC ya dedicado a su objetivo genuino que es el recorte de las libertades".

- La Asociación de la Prensa de Madrid considera que el CAC, no es un organismo competente para enjuiciar los contenidos de los medios. Su presidente, Fernando González Urbaneja, se suma a las manifestaciones de la presidenta de la Federación de Periodistas de España.

- La Federación de Asociaciones de Periodistas -FAPE- está en contra de la capacidad sancionadora del Consejo Audiovisual Catalán, el CAC. Su presidenta, Magis Iglesias, considera que la decisión de no renovar dos emisoras a la COPE en Cataluña es un ataque a la libertad de expresión y vulnera el derecho de los ciudadanos a una información plural. Iglesias no duda que los tribunales echarán atrás la decisión del CAC, pero, mientras tanto, afirma, están poniendo, además, en peligro 15 puestos de trabajo.

- Para el presidente de la Fundación DENAES, Santiago Abascal, la actuación del CAC se debe a que el nacionalismo separatista no admite ningún tipo de crítica.

- Santi Santos, cantante de Los Limones, transmite su respaldo incondicional a la COPE en nombre de la libertad de expresión.

- La presidenta del PP de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, ve como algo inconcebible el atropello del CAC hacia las emisoras catalanas de la COPE. Ayer fue elegida, por amplia mayoría, nueva presidenta del PP de Aragón en un congreso que clausura hoy Mariano Rajoy. A Luisa Fernanda Rudi le parece inconcebible que en el siglo XXI en España y en una Comunidad Autónoma que siempre ha presumido de estar en la vanguardia y en la avanzadilla de todos los sectores sociales como es Cataluña, haya un sector social, un organismo oficial que coarte la libertad de expresión y que impida que los oyentes de la COPE en Cataluña puedan seguir las opiniones que allí se expresan.

- La alcaldesa de Lizarza, Regina Otaola, asegura que es una noticia triste que recorta la libertad de los catalanes.

- Sectarismo y cacicada, según la ha calificado también nuestra compañera, la periodista Isabel San Sebastián

- El Diario Ya recoge la información que afecta directamente a nuestra emisora de radio en http://www.diarioya.es/content/coronel-de-palma-con-la-decisión-del-cac-la-voz-crítica-de-cope-es-silenciada.

- Francisco Caja, presidente de Convivencia Cívica Catalana ha tachado de "escandalosa" la decisión del CAC.

- También el líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, ha defendido a la COPE como garantía de pluralismo en la sociedad catalana.

- Para el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, es una medida arbitraria propia de talibanes.

- El ex magistrado de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Liaño, considera que es momento de que intervenga la justicia.

- Manuel Jiménez de Parga considera que esta decisión está más próxima a la dictadura.

- También lo ha lamentado la fiscal María Dolores Márquez de Prado que ha manifestado su apoyo a la COPE como sinónimo de la libertad de expresión.

- El partido de Albert Rivera, Ciudadanos de Cataluña (C's) ha salido en defensa del cierre de estas dos emisoras de la Cadena COPE en Cataluña y ha anunciado que pedirá la comparecencia del presidente del CAC para que explique los criterios que se han seguido para arrebatar a esta emisora dos frecuencias y otorgárselas a la competencia. Así, Rivera ha dicho que "hoy se ha visualizado lo que todo el mundo sabe", que el CAC es un órgano de censura para acallar a todos los medios que no son complacientes con el nacionalismo y con el tripartito. C's se ha solidarizado también con aquellos trabajadores de la COPE que pueden perder su puesto de trabajo.

- La presidenta del PPC, Alicia Sánchez Camacho, ha dicho que va a pedir al Parlamento Catalán los criterios técnicos que se han seguido en esta concesión que no garantiza, ha dicho, la pluralidad ni la libertad de expresión ya que "si hay una intención de silenciar, el PP no va a estar nunca a favor de eso". Según ha explicado Sánchez Camacho, "cualquier voz, y sobretodo una voz tan importante como la COPE, tiene que estar presente en los medios de comunicación catalanes".

- Por su parte, el eurodiputado del PP, Alejo Vidal-Quadras, ha asegurado que "no le sorprende", ya que "desde siempre los gobiernos nacionalistas de Cataluña han tenido a la COPE en el punto de mira". Según Vidal-Quadras, son Gobiernos de "corte totalitario" que quieren tener los medios de comunicación sumisos y atacan y quieren acabar con todos aquellos que ejercen "una crítica sana e independiente".

- El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Requero ha querido referirse a esta cuestión y ha dicho que "espera que sea una decisión lo suficientemente seria para que no incurra en una desviación de poder". El juez ha señalado que espera que "no sea realmente una fórmula para recortar los derechos y los deberes fundamentales".

- El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, ha dicho que "estamos ante un hecho que quizás pueda tener otras connotaciones de carácter político" y ha hecho una similitud con los colegios que no cumplen con las horas de español que deben impartir. En cualquier caso, ha señalado Sanz "yo creo que es una pérdida importante para Cataluña y para los catalanes y espero que se pueda rectificar".

 

sábado, 11 de octubre de 2008

La Junta presenta su querella contra Suñé y Puig por "ultrajar" al pueblo de Extremadura

Puig llamó en su blog "malnacidos" a los políticos extremeños, mientras que Suñé difundió una supuesta campaña de apadrinamiento internacional de niños de Extremadura.

  • EFE

El cartel de la supuesta campaña de apadrinamiento de niños extremeños

ADN.es

La Junta de Extremadura presentó el viernes una querella contra el ex diputado de ERC Joan Puig y contra el concejal de ICV-EUiA en Torredembarra (Tarragona) Lluís Suñé por, según ha dicho hoy la vicepresidenta extremeña, Dolores Pallero, "ultrajar" al pueblo de Extremadura.

En una rueda de prensa en Mérida, Pallero ha explicado que esta querella se ha presentado en una Juzgado emeritense y que espera "que prospere". Esta iniciativa fue anunciada esta semana por el presidente del Gobierno regional, Guillermo Fernández Vara.

El pasado verano Puig publicó un artículo en su bitácora en el que tachaba de "malnacidos" a los políticos extremeños, mientras que Suñé difundió en su blog personal una supuesta campaña de apadrinamiento internacional de niños de Extremadura.

La querella se basa en el artículo 543 del Código Penal, que castiga, según dijo recientemente Fernández Vara, "a quien ultraja u ofenda a España o a las comunidades autónomas".

Esta demanda judicial ha sido analizada en un breve Consejo de Gobierno de la Junta, en la que se ha visto que "hay suficientes elementos para hacer viable la presentación de la querella", dijo entonces Fernández Vara.

A su juicio, en un Estado de Derecho determinadas cosas no se pueden declarar y si se dicen "hay que asumir las consecuencias".

Fernández Vara consideró que entre las responsabilidades de los gobernantes está la de proteger a sus ciudadanos cuando, como en este caso, han sido insultados con publicidad.

 

viernes, 5 de septiembre de 2008

ERC e ICV renuevan su compromiso de oposición al Gobierno en financiación y crisis económica

Los dos partidos catalanes tienen la intención de implicar en este acuerdo a CiU y PSC | Ridao (ERC): "Estoy cansado de que Zapatero se comporte como un bombero pirómano"

  • Europa Press
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ERC e ICV han acordado este viernes reforzar su coordinación tras el cruce de desencuentros de las últimas semanas. ERC fue especialmente crítica con la decisión de ICV de negociar con el Gobierno la comparecencia en el Congreso de Pedro Solbes, ministro de Economía y Hacienda, para hablar sobre financiación y retirar su petición para que fuera el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero quien diera explicaciones en la Cámara Baja.  

De todas formas, ICV sigue defendiendo el acuerdo de su líder y conseller de Interior Joan Sauracon la vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega para retirar la petición.

"Para nosotros, todo el proceso de la comparecencia no es un error. Hemos venido aquí a hablar con ERC de dos grandes cuestiones: ver cómo somos capaces de dialogar y coordinarnos más, y ver sobre qué temas tenemos que hablar más", ha asegurado el secretario general de ICV Jordi Guillot, en rueda de prensa junto a su homólogo republicano Joan Ridao.

Ambos se reunieron una hora en el Parlament y escenificaron el compromiso de coordinarse en el debate de la financiación y en el de la crisis económica, con el objetivo de reforzar el autogobierno de Cataluña y de salvaguardar las políticas sociales, respectivamente.

"Hasta ahora ha pasado lo que ha pasado, y cada partido es consicente y tiene claro lo que ha hecho y lo que ha dicho", ha admitido Guillot.

En la misma línea se ha pronunciado Ridao, quien sin embargo quiso aclarar que mantuvieron una reunión cordial y ha reclamado la necesidad de coordinar esfuerzos "una vez superadas las diferencias" mantenidas con ICV para exhibir una "unidad de acción" ante el Gobierno. "Reproducir errores sería letal", ha añadido.

Implicar al PSC y CiU

Ridao ha explicado que han trasladado esta voluntad de implicar en esta coordinación al PSC y a CiU, por lo que la semana que viene tiene previsto reunirse con algún dirigente socialista y con Josep Antoni Duran, respectivamente.

El objetivo es que esta coordinación se plasme en ámbitos como el de la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y de la Ley de Cesión de Tributos, así como en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2009.

"La mesa no es a dos, es a cuatro", ha señalado el dirigente republicano, quien ha asegurado que su partido está "cansado de que Zapatero se comporte como un bombero pirómano".


Maragall, si el Constitucional "toca" el Estatut se tendría "que volver a preguntar al pueblo"

El ex presidente de la Generalitat  asegura en el tema de la financiación autonómica que "se ha de ayudar a la gente a aprender a caminar, pero a partir de un momento determinado cada uno ha de caminar por su propia fuerza"

  • EFE
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El ex presidente de la Generalitat de Cataluña Pasqual Maragall ha afirmado que si el Tribunal Constitucional "toca" el Estatut catalán se tendría "que volver a preguntar otra vez al pueblo".

En una rueda de prensa en Elche (Alicante), donde fue objeto de una recepción oficial por parte del Ayuntamiento, Maragall ha sido preguntado por la situación del Estatut y ha opinado que si un juez lo "toca" después "de haber sido refrendado por el pueblo de Cataluña, lo admitiría desde el punto de vista legal" aunque "tendrían que volver a preguntar otra vez al pueblo".

"Yo estoy de acuerdo en que los jueces puedan decir algo sobre el Estatut pero si lo tocan y lo hemos refrendado, a mí que me pregunten otra vez si me gusta", ha advertido.

El ex presidente de la Generalitat catalana ha manifestado que, en el pasado, llegó a pensar que una posible modificación por parte del alto tribunal sería ilegal aunque ha cambiado de opinión, y ha agregado que siente "curiosidad" ante lo que suceda.

Modulaciones en la financiación autonómica

Sobre la financiación autonómica, ha considerado que "en la medida en que las diferencias existen se debería ir modulando este tipo de aportaciones". "Sí que pienso que se ha de ayudar a la gente a aprender a caminar, yo soy de raíz socialista, de redistribución, pero a partir de un momento determinado cada uno ha de caminar por su propia fuerza", ha proseguido.

Acerca de la polémica sobre las contrataciones en origen de los inmigrantes, ha opinado que "ponerle puertas al campo es muy difícil", por lo que "si van a venir inmigrantes en patera" que pueden "morir por el camino", "vale más que nos lo pensemos y encontrar una solución intermedia".

Maragall también se ha referido a la relación existente entre la Comunidad Valenciana y Cataluña. "Que esta cosa que los nacionalistas catalanes llaman Países Catalanes y que yo denomino Eurorregión, para que no se enfade ninguno, esta realidad histórica y lingüística con sus matices y riquezas hay que defenderla", ha aseverado.

Por ello, ha calificado de "absurdo" que se pongan "barreras materiales a algo que es inmaterial" como la posibilidad de ver la televisión autonómica catalana en la Comunidad Valenciana y viceversa.

Preguntado por el proceso de búsqueda de liderazgo en el PSPV-PSOE, no ha llegado a pronunciarse alegando que él ya no pertenece a ningún partido y ha añadido que la tendencia actual es la creación de una formación de centro derecha y otro de centro izquierda.

Maragall ha sido recibido en Elche por el alcalde, el socialista Alejandro Soler, junto a la concejal de Cultura, Ángeles Candela, de EU-IU, y el presidente de Acciò Cultural del Paìs Valencià, Eliseu Climent, impulsor de la visita de Maragall a la provincia de Alicante, cuya agenda continuó con la visita al Casal Jaume I de la ciudad ilicitana y mañana a la vecina localidad de Monóvar.


martes, 2 de septiembre de 2008

ERC insta a Montilla a «intimidar» al PSOE con los Presupuestos

 

Martes, 02-09-08
La proximidad del 11 de septiembre, «Diada nacional» de Cataluña, ha convertido el debate sobre la nueva financiación en una «cuestión de país». De ahí que las declaraciones de quienes integran el denominado frente común catalán, cuyo objetivo es cumplir estrictamente las previsiones del Estatuto sobre financiación, mantengan el tono de enfrentamiento y se hable de «intimidación», «prepotencia» o «deslealtad».
La mayoría de los partidos catalanes aprovecharon ayer la reunión de sus respectivas ejecutivas para marcar estrategias en este terreno, aunque sin una propuesta concreta del ministro de Economía, Pedro Solbes -que previsiblemente defraudará las expectativas del presidente José Montilla-, los dirigentes políticos sólo pueden recurrir a la presión con los Presupuestos Generales del Estado como principal arma arrojadiza.
El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Ridao, propuso «seguir intimidando» al Gobierno con la posibilidad de votar en contra de las cuentas de 2009. Para ello, dijo el dirigente republicano, es fundamental la posición del PSC, cuyos 25 diputados en el Congreso son decisivos. «Si continúan intimidando con un voto en contra a los Presupuestos, todo esto que ganamos, porque no hay nada más letal que Madrid vea que la unidad catalana es una cosa efímera», dijo Ridao.
La beligerancia de Castells
Unidad política, que no social, porque, según admitía ayer Ridao, los republicanos han desistido de convencer a la sociedad civil de salir a la calle el 11 de septiembre para reclamar una mejora de la financiación, por lo que optan ahora por convocar un acto unitario que se celebraría antes de fin de mes.
Tanto ERC como CiU, reclaman al presidente Montilla que pase de las palabras a los hechos, y confirme de una vez cuál será el voto del PSC en los Presupuestos si, finalmente, el PSOE insiste en pasar por alto la bilateralidad y el trato especial que Cataluña reclama. Los nacionalistas confían en que el consejero de Economía, Antoni Castells, contagie su beligerancia a sus compañeros de filas. Castells vinculó de nuevo Presupuestos y financiación al reiterar que no puede concebir unas cuentas del Estado contrarias a los intereses de Cataluña. Asimismo, agradeció al presidente José Luis Rodríguez Zapatero que reconozca el derecho de los catalanes a mejorar su financiación porque quizá «donde ha habido declaraciones muy subidas de tono, si se ve que el presidente del Gobierno marca un camino de reconocer razones a Cataluña, eso contribuya a bajar los ánimos de algunos que niegan el pan y la sal a Cataluña».
Abandonar la ambigüedad
El presidente de CiU, Artur Mas, propuso utilizar «a fondo» los Presupuestos en respuesta a un incumplimiento, el del Estatuto, que supone «una profunda deslealtad». Tras celebrar las palabras de Castells, Mas invitó al PSC a «abandonar la ambigüedad y decir claramente que se desmarcará de los Presupuestos si no hay una buena financiación. Sin los 25 diputados del PSC, el PSOE no tiene nada que hacer, haga lo que haga el PNV».
Mas cree necesario que, de forma urgente, desde Cataluña se haga una propuesta de financiación. Y si ésta se hace «antes del 11 de septiembre, mejor». Por ello, el líder convergente propuso a Montilla la convocatoria de una cumbre que permita visualizar esa postura común. Desde hace días, el Gobierno tripartito y CiU trabajan en la elaboración de un documento donde persisten diferencias de criterio respecto al peso que la cesta de impuestos, muy vulnerable a los efectos de la crisis económica, debe tener en la reforma, ya que Castells prefiere reclamar más recursos por vía de transferencia.
El consejero de Interior, Joan Saura (ICV) tildó al vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, de «prepotente» por las tesis que defendió la semana pasada en el Congreso, y auguró una «crisis institucional fuerte» si no hay acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación. En declaraciones a TV3, Saura defendió su pacto con la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para eximir al presidente Zapatero de dar explicaciones en el Parlamento a cambio de la comparecencia de Solbes, porque aportó «claridad» respecto a la posición del Ejecutivo.
En relación a este acuerdo, la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, pedirá en el Senado la comparecencia de De la Vega porque su acuerdo con ICV se hizo «por la puerta de atrás». Según la dirigente popular, «Saura está incapacitado para negociar de forma unilateral con el Gobierno» y su actuación demuestra que Montilla «no controla a sus socios de Gobierno». El PP también presentará una solicitud de comparecencia parlamentaria del presidente catalán para que informe de su actuación en la negociación sobre la financiación. En su opinión, Presupuestos y financiación no deben vincularse, pues «en una época de crisis, Zapatero está obligado a hacer las dos cosas bien».