La ley se creó en la Segunda República para juzgar las conductas inmorales y antisociales y durante el franquismo se consideró a los homosexuales muy peligrosos para la sociedad
- EFE
- ,
El departamento de Justicia de la Generalitat catalana ha puesto hoy a disposición de los ciudadanos 24.377 expedientes catalogados, pertenecientes a los juzgados de vagos y maleantes y de peligrosidad y rehabilitación social de Barcelona.
En una nota, Justicia ha informado de que los archivos, que van de 1934 a 1985, han sido ordenados, identificados, clasificados, catalogados y restaurados en 2.640 cajas para que la Administración, investigadores y personas interesadas puedan consultarlos.
Restauración de los archivos deteriorados
En 2005, dos técnicos iniciaron el tratamiento archivístico de la documentación que se ha dividido en tres fases. La primera consistió en ordenar los expedientes en tipologías documentales, años y juzgados, y se llevó a cabo la restauración de los archivos degradados o infectados por hongos.
En la segunda fase se identificó y catalogó cada uno de los documentos mediante una base de datos diseñada especialmente para este fondo. El catálogo de la base de datos contiene, entre otros, los siguientes campos: nombre del fondo, serie documental, fecha de la sentencia, persona acusada, descripción, asunto, resolución de la sentencia y órgano que generó la incoación del expediente.
La tercera fase, que se está llevando a cabo actualmente, corresponde a la descripción a nivel de fondo según la Norma de descripción archivística de Cataluña para preparar su transferencia al Archivo Nacional de Cataluña, ya que todavía no se ha creado el Archivo Histórico Provincial de Barcelona.
Una ley creada en la Segunda República
El 4 de agosto de 1933, durante la Segunda República, se creó la Ley de vagos y maleantes para procesar en los juzgados de instrucción a aquellas personas cuyas conductas eran inmorales y antisociales.
En 1945, el franquismo creó los Juzgados Especiales para aplicar la ley de 1933, y en 1954 y 1970 modificó la normativa de forma que los homosexuales fueron considerados muy peligrosos para la sociedad y se impuso más rigor a las medidas de seguridad necesarias para socializar los individuos considerados una amenaza para el orden establecido.
Pese a las modificaciones que sufrió la ley en 1978 y a haber traspasado las competencias del juzgado de peligrosidad y rehabilitación social a los juzgados de vigilancia penitenciaria, hasta 1995 no se derogó la normativa de 1933.
